Relevamos las principales iniciativas públicas y privadas, así como las barreras aún presentes, para solventar la acción climática en Chile.
Revista InduAmbiente n° 199/20 2026 – Convivimos con eventos meteorológicos cada vez más extremos y repetitivos como consecuencia del escenario actual de cambio climático. Y también con una escasez “pandémica” de recursos para financiar la acción climática, aquella que permite a los países y sus sectores productivos adaptarse y mitigar los efectos de este flagelo global.
De hecho, el documento “Una introducción al financiamiento climático y para la conservación de la naturaleza”, publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en 2025, señala que los requerimientos totales para el primer ítem serán de unos US$9 billones anuales hasta 2030. Y que Chile necesitaría, según estudios recientes, una inversión cercana a los $62 mil millones durante el período 2022-2050 en este ámbito.
Ahora bien, numerosos especialistas destacan que los mecanismos asociados al Artículo 6.2 del Acuerdo de París permiten transformar los compromisos climáticos en señales claras de inversión, canalizando recursos hacia proyectos de mitigación con impacto ambiental comprobable. Además, Chile cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático que habilita la implementación de mercados de carbono y con una Hoja de Ruta de Instrumentos de Precio y Mercados de Carbono (HRIPMC) que entrega certezas, reglas claras y estándares de transparencia e integridad ambiental. “Gracias a esta institucionalidad y al trabajo de colaboración bilateral, el país ya cuenta con acuerdos con los gobiernos de Suiza y Japón que permitirán la implementación inmediata, a partir de este 2026, de 22 proyectos por un total de US$1.400 millones en inversión climática”, indican en el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
En la entidad detallan que los proyectos priorizados por la Hoja de Ruta se concentran en tipologías de alto impacto y escalabilidad, como almacenamiento de energía, electromovilidad, captura y valorización de biogás en rellenos sanitarios y acciones asociadas al bosque nativo. Estas iniciativas permiten reducir emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y metano. De acuerdo con las proyecciones del Ministerio, la HRIPMC apunta a una mitigación promedio anual cercana a las 10 millones de toneladas de CO₂ equivalente y a apalancar inversiones por más de US$10.000 millones hacia 2035, “consolidando una senda de crecimiento compatible con la acción climática y el desarrollo sostenible del país”.
Instrumentos disponibles
Sobre el acceso a financiamiento que tienen hoy las empresas para la acción climática, María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de CLG Chile -que agrupa a líderes empresariales que buscan ese objetivo- comenta que “cada vez existen más instancias vinculadas al financiamiento climático, como por ejemplo el Artículo 6 del Acuerdo de París y los mercados de carbono. El primero proporciona mecanismos para apoyar a los países en el cumplimiento de sus objetivos climáticos mediante la cooperación internacional. En particular, el Artículo 6.2 establece el marco para la generación de acuerdos bilaterales para Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMOs), lo que genera un entorno de certidumbre y dinamismo atractivo para la inversión. En ese contexto, se ha estimado una inversión movilizada en Chile de US$ 1.400 millones en proyectos de mitigación, con alianzas estratégicas con países como Japón y Suiza”.
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Acuerdo de cooperación público-privado para sentar las bases de la participación de pequeños y medianos propietarios forestales en los mercados de carbono, se suscribió en marzo pasado.
Agrega que Chile ha profundizado el mercado de carbono, contando con una institucionalidad sólida, lo que se ve reflejado, por ejemplo, en la reciente publicación de la HRIPMC por parte del Ministerio del Medio Ambiente, estableciendo de esta forma reglas más claras para la inversión. Manifiesta, asimismo, que “un mayor nivel de disclosure (divulgación), junto con la preferencia de los inversionistas por empresas con mejores indicadores ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), se traduce en un mayor flujo de recursos hacia empresas más verdes. Sumado a lo anterior, la taxonomía verde también representa una importante oportunidad para la inversión sostenible en Chile. Esto, en la medida en que permite identificar y clasificar actividades económicas ambientalmente sostenibles bajo criterios comunes, entregando mayor certidumbre a inversionistas y entidades financieras, reduciendo asimetrías de información y facilitando la canalización de capital hacia proyectos alineados con objetivos climáticos y ambientales”.
A su vez, el Sistema de Compensación de Emisiones constituye un instrumento distinto, “mediante el cual las empresas que emiten sobre un umbral de emisiones de material particulado o CO2 pueden compensar sus emisiones a través de proyectos verdes. Esto ha permitido cubrir US$130 millones anuales en 102 establecimientos afectos desde 2014. Por otro lado, los bonos temáticos, los bonos verdes, los bonos azules y los sustainable linked bonds son instrumentos clave para el financiamiento verde en Chile”, expresa María Teresa Ruiz-Tagle.
El informe del CEP, en tanto, señala que nuestro país ha avanzado en este ámbito gracias al desarrollo de “una serie de iniciativas para la identificación y movilización de recursos financieros, con un aumento explosivo de instituciones e instrumentos para ello. Así, junto con los compromisos y acuerdos adoptados a nivel internacional y local, en los últimos años se han implementado diversos mecanismos de financiamiento para su cumplimiento, desde la creación de fondos multilaterales con alcance global -que hoy desarrollan proyectos en Chile-, hasta la implementación de una Estrategia Financiera de Cambio Climático y la identificación del gasto público en esta área, entre muchas otras”.
Condiciones favorables
Irina Reyes, gerente del Programa Transforma Cambio Climático (iniciativa público-privada que impulsa la productividad, la reducción de costos y la mejor gestión de riesgos por parte de las empresas en esta materia), plantea que el financiamiento climático es hoy una de las palancas más importantes, y también uno de los “cuellos de botella” más críticos, para mejorar la competitividad productiva de Chile. “Las empresas que logran acceder a esos recursos reducen costos operacionales, abren mercados de mayor valor y protegen sus activos frente a riesgos como la sequía, el alza de precios de la energía o las exigencias ambientales de sus compradores internacionales. Las que no acceden, en cambio, quedan expuestas a esos mismos riesgos sin herramientas para gestionarlos”, afirma.
Enseguida, detalla las condiciones favorables que, según estima, hoy existen en este ámbito:
- Banca privada con interés creciente por productos verdes: “BCI, Itaú y Banco Estado han avanzado en líneas de crédito con condiciones preferenciales para proyectos con componentes de sostenibilidad, lo que abre una ventana concreta para empresas que puedan acreditar su desempeño ambiental”, asegura Irina Reyes.
- Financiamiento multilateral disponible: El CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y otros organismos internacionales han puesto en marcha iniciativas -como el proyecto Pymes Verdes- que permiten a empresas medianas acceder a capital en condiciones que la banca local no siempre puede ofrecer.
- Mercados internacionales que pagan más por producción sostenible: Compradores europeos y asiáticos exigen hoy trazabilidad ambiental como condición de acceso, lo que convierte la certificación y la gestión climática en un argumento directo de precio y ventas, y no solo de imagen.
- Seguridad energética como motor de inversión: La descarbonización productiva, impulsada por la expansión de energías renovables, “reduce la volatilidad de los costos de electricidad y calor industrial, mejorando la predictibilidad financiera de las empresas y su atractivo para inversión privada”, acota la gerente del Programa Transforma Cambio Climático.
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Del financiamiento climático global “pasa por la banca”, destaca Humberto Re, especialista del International Finance Corporation (IFC), que se enfoca en finanzas sostenibles.
Barreras estructurales
En contrapartida, la especialista también expone las barreras concretas que, a su juicio, limitan el alcance de este financiamiento:
- Falta de trazabilidad ambiental: Muchas empresas, especialmente Pymes, no cuentan con sistemas de medición de emisiones, agua o riesgo climático. Sin esa información, la banca no puede ofrecer mejores condiciones y los mercados premium no pueden verificar lo que se les promete.
- Oferta fragmentada y difícil de navegar: “Los instrumentos disponibles están dispersos entre instituciones públicas y privadas sin una articulación clara, lo que hace difícil a una empresa mediana saber qué puerta tocar según su sector, tamaño y tipo de proyecto”, señala Reyes.
- Escasez de productos financieros para adaptación: La mayor parte de los instrumentos se orienta a mitigación (reducción de emisiones), pero los proyectos de adaptación -fundamentales para sectores como el silvoagropecuario, expuesto a sequías, incendios y pérdida de suelos- tienen una oferta financiera todavía muy incipiente, a pesar de que su retorno en reducción de pérdidas puede ser muy significativo.
- Incertidumbre regulatoria como freno a la inversión privada: La falta de reglas claras y estables en materia de mercados de carbono, certificaciones y estándares ambientales genera dudas en los privados sobre el retorno de sus inversiones climáticas.
- Concentración territorial del financiamiento: La mayor parte de los instrumentos y las instituciones financieras opera desde Santiago, mientras que muchos de los sectores productivos con mayor potencial de transformación -y mayor exposición al riesgo climático- están en regiones.
“Avanzar en desconcentración territorial del acceso al capital es una deuda pendiente”, asegura la profesional. Pese a los avances, María Teresa Ruiz-Tagle coincide en que persisten barreras estructurales y de conocimiento que limitan un flujo más ágil de capital. Comenta: “El ciclo económico actual, sumado a planes de austeridad fiscal, restringe la expansión del gasto gubernamental, reduciendo las garantías estatales para proyectos de alto riesgo. Y a nivel internacional, la inestabilidad geopolítica y los conflictos bélicos generan un entorno de incertidumbre que dificulta la planificación de inversiones de largo plazo”. No obstante, manifiesta que una de las trabas más críticas se encuentra en la “brecha de capacidades dentro de la banca comercial. Si bien existen instrumentos sofisticados a nivel corporativo, aún falta formación técnica en finanzas sostenibles para los ejecutivos que evalúan y otorgan créditos en la base de la pirámide bancaria. Se requieren, por lo tanto, incentivos claros para que toda la cadena financiera, y no solo los bancos de desarrollo o instituciones multilaterales que ya tienen esta temática priorizada, se comprometan decididamente con la acción climática”.
Al respecto, resalta el crédito o bono azul de US$80 millones que Itaú otorgó a una empresa privada para una operación relacionada con los océanos y/o el agua. Y también la venta, por parte del BancoEstado, del primer bono azul del país por 100 millones de francos suizos (US$126 millones). “Con ello, fortalece su capacidad para canalizar recursos hacia distintas líneas de financiamiento azul, incluyendo empresas de menor tamaño”, subraya.
Según el estudio del CEP, aunque en Chile existe un andamiaje institucional robusto con instrumentos internacionales debidamente incorporados en nuestra legislación nacional, “la identificación y movilización de recursos sigue siendo el principal desafío. Para ello es indispensable contar con mejor información tanto de las necesidades como del uso de los recursos involucrados. Esto implica estandarizar y expandir la medición tanto del gasto público como privado en materia de cambio climático. Por otra parte, los incentivos e instrumentos económicos serán determinantes para la obtención de nuevos flujos de financiamiento. Sólo así se podrán transformar los riesgos que este escenario presenta en oportunidades para un crecimiento sostenible”, especifica.
Pilar verde
El financiamiento verde es uno de los seis pilares de la Hoja de Ruta al 2032 del Programa Transforma Cambio Climático, cuyo objetivo es construir un ecosistema en el que las empresas -especialmente pequeñas y medianas- puedan acceder a capital para transformar su base productiva. “No se trata de crear fondos nuevos desde el Estado, sino de articular la oferta existente, reducir las barreras de acceso y conectar a las empresas con las oportunidades concretas que ya existen”, explica Irina Reyes. Entre las acciones que implementa están:
- Instrumentos especializados para Pymes con banca privada y multilateral.
- Proyecto piloto Pymes Verdes del CAF: Articulación del trabajo de Nestlé con su cadena de proveedores Pymes.
- Certificaciones ambientales como llave de acceso a mercados y financiamiento.
- Información estratégica para reducir la asimetría entre empresas y capital.
- Puesta en valor del capital natural para atraer inversión a las regiones.
CLG Chile, por su parte, trabaja para que las políticas públicas climáticas nacionales integren, desde su origen, la visión del sector privado, de modo que instrumentos como los mercados de carbono, los bonos temáticos y las distintas líneas de financiamiento verde y azul puedan diseñarse e implementarse de manera atractiva y efectiva. “Esta labor se traduce en una coordinación activa entre la banca y las empresas que demandan financiamiento, facilitando un lenguaje común que contribuya a movilizar capital”, señala María Teresa Ruiz-Tagle.
Luego menciona algunos ejemplos en ese sentido: Codelco concretó en 2025 un crédito verde por US$600 millones otorgado por HSBC y Banco Santander, para avanzar en la descarbonización de su matriz energética al 2030. La misma Corporación recientemente realizó su primera compra de certificados de carbono para compensar emisiones asociadas al impuesto verde. La operación cubrió el 100% de las emisiones de CO₂ afectas de la División Ventanas y se concretó mediante certificados ligados al parque eólico Los Cururos Wind Farm, de AES Andes.
“Ese caso muestra cómo el mercado de compensaciones puede transformarse en una vía concreta para movilizar recursos hacia la acción climática bajo reglas ya vigentes en Chile”, releva la directora ejecutiva de CLG Chile. Además, resalta el financiamiento por parte de Colbún, a través de la venta de bonos de carbono a Suiza, en el marco del Artículo 6.2 del Acuerdo de París, de su proyecto de almacenamiento Diego de Almagro Sur (223 MW). Se estima que esta iniciativa permitirá reducir cerca de 600 mil toneladas de CO₂ equivalente entre 2026 y 2030.
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Iniciativas relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático, con una inversión superior a los $76 mil millones, ejecutaron entre 2022 y 2023 seis gobiernos regionales de nuestro país.
