Seminario internacional reunió a representantes del sector público, privado y organizaciones internacionales para analizar instrumentos económicos, financiamiento innovador y mecanismos de colaboración que permitan movilizar recursos hacia la biodiversidad y avanzar en las metas del país en este ámbito.
Con una amplia participación de representantes del sector público, privado, organismos internacionales, academia, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, concluyó este jueves el Seminario Internacional “Alianza Público-Privada por la Conservación de la Naturaleza”, evento organizado por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Ministerio del Medio Ambiente, con el apoyo del PNUD, FAO, GEF y el Fondo de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
El encuentro, realizado en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Católica de Chile, permitió abrir una conversación estratégica sobre cómo movilizar recursos, capacidades e incentivos para proteger y restaurar la biodiversidad a la escala que el país requiere. Durante ambas jornadas se abordaron experiencias nacionales e internacionales vinculadas a instrumentos económicos, créditos de biodiversidad, filantropía ambiental, pagos por servicios ecosistémicos, bioeconomía, conservación privada y soluciones territoriales.
La apertura del seminario contó con la participación de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; el director nacional del Servicio, Tomás Saratscheff; la representante país de FAO en Chile, Maya Takagi; y el prorrector de Gestión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Francisco Gallego Yáñez. En su intervención, la ministra Toledo destacó que la conservación de la biodiversidad no puede recaer únicamente en el Estado y llamó a fortalecer la colaboración público-privada como una condición necesaria para avanzar hacia una gestión moderna, efectiva y sostenible del patrimonio natural del país.
Uno de los ejes del seminario fue el rol de la nueva institucionalidad ambiental creada por la Ley N° 21.600, que entrega al Servicio herramientas para promover instrumentos económicos orientados a la conservación, como el Sistema de Certificación de Biodiversidad, los Contratos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y el Fondo Nacional de Biodiversidad. En ese marco, el director nacional del Servicio, Tomás Saratscheff, presentó los avances y próximos pasos institucionales para consolidar estos mecanismos como parte de una agenda que busca alinear la inversión, la innovación y la protección de la naturaleza.
«Chile ha dado un paso importante en la última década gracias al trabajo transversal de diversos actores. En 2023, la publicación de la Ley N° 21.600 dio origen a nuestro Servicio y abrió una nueva etapa institucional. Pero proteger la naturaleza sólo es posible si trabajamos de manera articulada con las personas, las instituciones y un sector privado comprometido con asumir este desafío con responsabilidad, estándares verificables y una mirada compatible con el desarrollo sostenible», señaló.
Biodiversidad en el centro de los negocios
La necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil fue uno de los principales consensos surgidos durante el panel “Articulando instrumentos económicos para promover la conservación de la naturaleza”, realizado en el marco del seminario internacional Alianza Público-Privada por la Conservación de la Naturaleza.
La conversación reunió a representantes del sector público, empresarial y de organismos internacionales, quienes coincidieron en que los desafíos de conservación requieren nuevas formas de financiamiento, marcos regulatorios claros y una mayor integración de la biodiversidad en las decisiones económicas y de inversión.
Durante el panel, Constanza Pantaleón, directora ejecutiva de Acción Empresas, destacó que la conservación de la naturaleza ya forma parte de la agenda empresarial, aunque persisten importantes brechas para transformarla en una dimensión estructural de la gestión corporativa.
La representante explicó que uno de los principales desafíos es incorporar los riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad dentro de las matrices de riesgo y de los procesos de toma de decisiones de las compañías. Asimismo, señaló que las empresas requieren herramientas más claras para medir impactos, desarrollar capacidades técnicas, acceder a financiamiento e integrar la biodiversidad en el núcleo de sus operaciones.
Pantaleón destacó además el trabajo que impulsa Acción Empresas a través del Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad, iniciativa que reúne a empresas, sector público, academia y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en soluciones concretas que permitan acelerar la incorporación de estos temas en la gestión empresarial, y cerrar las brechas que se identifiquen.
“Para las empresas es importante que todo este trabajo esté alineado, no sólo desde las empresas, sino con lo que va haciendo el Estado”, reparó. “El gran desafío de las empresas es ir incorporando estos riesgos dentro de su matriz de riesgo, dentro de los riesgos materiales de sus negocios, para que efectivamente puedan implementar acciones concretas”, subrayó.
Respecto del Plan en Biodiversidad, contó que 20 empresas líderes están participando activamente en temas de métricas, en cómo buscar financiamiento, en qué formas es adecuado avanzar para incorporar dichos riesgos. “No es que una ONG ambientalista lo diga, sino ya el World Economic Forum nos ha dicho que el 50% de nuestro desarrollo como mundo depende directamente de la biodiversidad. Y eso las empresas lo ven. Y en ese sentido, como asociación dedicada a los temas de sostenibilidad, particularmente en este ámbito, estamos impulsando una agenda. Creemos que tiene que ir de la mano con finanzas sostenibles”, opinó.
Por su lado, Alberto Ramírez, Líder técnico del programa de Biodiversidad de Biocarbon Standard-proporciona los marcos y herramientas necesarios para reconocer resultados verificados en carbono, biodiversidad y agua- advirtió que la biodiversidad sigue siendo vista como un aderezo y no como un asset (activo) aparte. “De ahí parte esta necesidad de tener un estándar que evalúe definitivamente con métricas independientes, con un abordaje científico riguroso, con una incorporación social impecable, una diferenciación real entre la captura de carbono -que es acción climática que va a generar cobeneficios- y cuando es una contabilidad real verificada por una tercera parte independiente de créditos de biodiversidad”.
Respecto de la estrategia de integración de gestión de carbono en la inversión y conservación territorial, David Díaz, profesional de Carbon Management de Promigas subrayó que dentro de sus compromisos ambientales está reducir la intensidad de emisiones al 50% al 2028 y ser carbono neutral al 2040. En ese contexto, la empresa se preguntó cómo podían proveer soluciones en carbono para la empresa y para sus clientes. “Ahí es donde el punto de la conservación empieza a ser un factor diferencial. Habilitamos esa compensación por medio del desarrollo de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Nuestra primera inversión fue con el corozo, que es una fruta del caribe colombiano. Este proyecto busca evitar la emisión de 3,5 millones de toneladas (de carbono) en los próximos 20 años y lograr una extensión cercana a las 82 mil hectáreas”, indicó.
En la misma línea, Johanna Cabrera, gerente de Sostenibilidad Latam Group, comentó que la compensación es una de las medidas complementarias para la descarbonización de la industria de la aviación por medio de combustibles sostenibles al año 2050. “Qué es lo que tiene que hacer LATAM Airlines, y en general la industria, es participar de la política pública, hablar con los tomadores de decisión, proveerles de información técnica- científica adecuada”, señaló y dio como ejemplo el estudio que co financió con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) donde se evalúan distintos caminos de descarbonización en la región, y lo hacía considerando factores como la materia prima, las variables económicas asociadas a ello, siendo un insumo útil para la construcción de políticas públicas que habilite la competitividad del combustible sostenible de aviación, en palabras de Cabrera.
Uno de los proyectos más reconocidos en América Latina que articula carbono, conservación y comunidades desde el año 2017 es Conexión Jaguar de ISA Interconexión Eléctrica. Juan Patiño, líder de este programa, explicó que este nació hace diez años para dar convergencia a una serie de acciones voluntarias de sostenibilidad de la compañía y poder interconectar socioecosistemas.
Conexión Jaguar es probablemente el mayor corredor biológico del mundo, el cual cumple con los más altos estándares internacionales para el mecanismo de sostenibilidad de la conservación y restauración en manos de las comunidades, recalcó el representante de ISA.
“Después de estos diez años, el programa ha sumado en las iniciativas que apoya, hasta ahora más de 400 mil hectáreas en donde tienen ya un potencial de reducción de emisiones superior a cinco millones de toneladas, que no tienen nada que ver con las emisiones de las operaciones de ISA, en sus principales negocios. El programa no fue creado para abastecer la demanda interna de créditos de carbono para compensar las propias emisiones de la empresa. Por la naturaleza de sus negocios, es de una intensidad en carbono muy baja”, graficó.
Patiño también contó que hace dos años están apoyando el primer proyecto Conexión Puma en la región de Magallanes, de manejo regenerativo del suelo con beneficios en biodiversidad y un altísimo potencial de reducción en carbono en una zona de Patagonia.
El desafío de ampliar la conservación con nuevas herramientas
Desde la perspectiva de las políticas públicas, Martín Becker, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, presentó los principales desafíos que enfrenta el país para cumplir sus compromisos internacionales de conservación.
“Desde la promulgación del servicio de biodiversidad, o sea, de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, el año 2022, hemos pasado por un proceso en que se inició la dictación de un conjunto de reglamentos que habilitan institucionalmente las distintas herramientas que más adelante va a poder ejercer el servicio. Luego ya este año entraría en funcionamiento la facultad en términos de la gestión de las áreas protegidas por parte del SBAP”, sostuvo.
Becker destacó el nuevo escenario institucional que abre la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), así como la necesidad de avanzar hacia la meta global de proteger el 30% del territorio terrestre y marino al año 2030.
“Un aspecto importante que quisiera mencionar es que se está avanzando aceleradamente en un conjunto de reglamentos que requieren correcciones o modificaciones muy puntuales. De hecho, estamos muy pronto al reingreso a Contraloría de un conjunto de cuatro reglamentos, incluyendo instrumentos importantísimos, como la clasificación de especies según categoría de conservación, entre otros reglamentos. Eso es algo inminente y también tempranamente durante el segundo semestre hay cinco reglamentos que trabajar con más cuidado. Existe interacción entre cinco reglamentos de áreas protegidas. Está un reglamento de concesiones y permisos, un reglamento de compensaciones y otro que crea un sistema de certificación en biodiversidad. Todos esos reglamentos interaccionan entre sí y eso va a tomar algo más de tiempo poder reingresarlos a Contraloría, pero se está trabajando con toda intensidad para poder concluir ese proceso lo antes posible”, puso el acento.
Para cumplir con los compromisos internacionales es necesario, dijo, acelerar tres veces la creación de áreas protegidas. “Es del orden de 4,3 millones de hectáreas lo que hemos protegido en los últimos 10 años, y nos quedan 6 millones de hectáreas por proteger para alcanzar la meta al 2030. Por lo tanto, ¿es viable o no es viable alcanzar esta meta sólo en base a la creación de áreas protegidas? En eso quiero ser bien sensato, no es factible”, alertó.
En este escenario, se requiere complementar estos esfuerzos con otros mecanismos de conservación efectiva, incluyendo instrumentos que permitan reconocer y fortalecer iniciativas fuera de las áreas protegidas tradicionales, como es el reconocimiento de las OMEC, es decir, otros mecanismos de conservación efectiva, lo que significará aumentar la cobertura, en al menos 2%, sin tener que renunciar a la creación de áreas protegidas, puntualizó. Los fondos endowment también se presentan como un instrumento de apoyo al sistema de áreas protegidas o parques específicos, agregó, y puso de ejemplo al Fondo Naturaleza Chile.
Asimismo, enfatizó la importancia de fortalecer el financiamiento para la biodiversidad mediante instrumentos innovadores, alianzas público-privadas y mecanismos de largo plazo que permitan reducir las brechas de inversión y gestión existentes en el sistema nacional de conservación.
Innovación financiera y rigurosidad en los indicadores
Por su parte, Esteban Brenes, director senior de Financiamiento para la Conservación e Inversión en la Naturaleza de WWF, señaló que el contexto económico internacional está transformando las fuentes tradicionales de financiamiento ambiental, obligando a desarrollar nuevos mecanismos capaces de movilizar recursos a gran escala.
En este marco, precisó que más de la mitad del PIB mundial depende de o está vinculado a la naturaleza, y que se puede perder hasta un 18% de este PIB para el 2050, así como unos 25 trillones de dólares se estiman en riesgo.
El especialista explicó que la creciente percepción de los riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad está impulsando el desarrollo de instrumentos financieros vinculados a sostenibilidad, bonos temáticos, mercados de naturaleza y fondos especializados para la conservación.
Brenes destacó que Chile cuenta con condiciones favorables para liderar este proceso en América Latina, gracias a la experiencia desarrollada en bonos soberanos vinculados a sostenibilidad, la existencia de mercados financieros relativamente profundos y la creación del Fondo Naturaleza Chile como plataforma para canalizar inversiones hacia proyectos de conservación.
Dentro de las tendencias que analizó, resaltó las coaliciones filantrópicas, en cuanto a cómo donantes se están uniendo para hacer justamente fondos o generar masas críticas más grandes de financiamiento, siguiendo una lógica similar a los fondos de inversión. En el mercado de deuda, destacó lo innovador que ha sido Chile con la emisión de bonos verdes. Al respecto, enfatizó que, como observador de estos instrumentos, para la WWF es fundamental entender cuál es el tipo de KPIs y la terminología que se está utilizando. “Lo que hace la diferencia es la rigurosidad en el indicador, al final los instrumentos de bonos que se han hecho por décadas, cualquiera lo hace, pero desarrollar indicadores rigurosos mueve la aguja”, aseveró.
De igual manera, señaló que la movilización de capital privado será indispensable para complementar los recursos públicos y garantizar financiamiento sostenible para la conservación de la biodiversidad, reforzando el papel de las alianzas público-privadas como una herramienta estratégica que permita alcanzar resultados de largo plazo.
